UNIVERSIDADES PODRAN UTILIZAR EL 20% DEL CANON MINERO PARA PROCESO DE ACREDITACION



Desde este año 2012 las universidades estatales podrán utilizar hasta el 20% del canon minero para financiar sus procesos de acreditación por ley del presupuesto de la república aprobado por el Congreso Nacional para el año vigente con lo cual se podrá financiar los trabajos, estudios y equipamientos para alcanzar la acreditación institucional o por especialidad tal como lo señala la ley 28740 del SINEACE. Así lo informó el Director de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), Dr. Fernando Delgado de la Flor, al reunirse con las autoridades de la UNSA, encabezadas por el Rector, Dr. Valdemar Medina, los Decanos, Directores y Coordinadores de cada Facultad del proceso de acreditación.

El representante del CONEAU señaló que el objetivo de la acreditación de la universidad peruana es lograr los estándares internacionales de calidad para que sus profesionales que egresen sean aceptados sin dificultad en el mercado laboral mundial que cada vez es más competitivo. Reconoció que la ley del SINEACE no ha fijado plazos definidos para el proceso, salvo para las carreras profesionales de ciencias de la salud, educación y derecho, las que ya que debieron presentar sus expedientes. Señaló también que desde el año 2009 ellos han fijado los 97 estándares e indicadores para la mayoría de especialidades, siendo 86 los indicadores obligatorios que deben cumplir las carreras profesionales.

El Dr. Fernando Delgado afirmó que al momento ninguna universidad peruana ha logrado su acreditación internacional y en las universidades estatales los problemas han sido por falta de financiamiento, pero desde este año 2012 estos centros de educación superior podrán utilizar hasta el 20% del canon minero con ese objetivo. El Director del CONEAU reveló que han gestionado ante el Ministerio de Economía un crédito suplementario de 50 millones de soles con el BID para financiar el proceso de acreditación de todas las universidades estatales, al tiempo de precisar que en todo el país no hay la suficiente cantidad de empresas acreditadoras que certifiquen la calidad de las universidades públicas y privadas.

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